Vivimos tiempos excepcionales y nunca antes vistos en nuestros tiempos recientes.
Una pandemia mundial, quien sabe a ciencia cierta su origen, ha puesto en jaque la salud pública de los países afectados (todo el orbe), la economía, la estabilidad laboral y ciertamente que la vida cotidiana de todos y cada uno de los habitantes de este planeta.
El derecho tampoco se escapa. De la noche a la mañana los tribunales suspendieron las audiencias, los receptores dejaron de notificar las demandas, las notarías cerraron sus puertas y los servicios públicos dejaron de atender a los usuarios.
Y que hizo el derecho… Lo que siempre hace. Reaccionar ante la fuerza de los hechos.
De este modo, la Corte Suprema y cada Corte de Apelaciones comenzaron a dictar normas ad-hoc, debutaron las audiencias virtuales, los notarios tuvieron que adoptar medidas de emergencia para mantener el servicio en buenas condiciones y así, cada órgano del Estado se fue adecuando en mayor o menor medida a las exigencias sanitarias derivadas de la pandemia.
El Estado tiene el deber de proteger a su población ante cualquier agresión, interna o externa y para ello cuenta con las herramientas que le otorga el Derecho. Pero no basta el ejecutivo. El Parlamento tiene que otorgar las leyes que la situación demande para dotar de instrumentos al ejecutivo, los tribunales deben aplicar la ley con un criterio de proporcionalidad sin descuidar el derecho esencial a la defensa y los fiscales perseguir con objetividad, en palabras sencillas, el orden público, la seguridad jurídica y la paz social se alcanzan cuando todos los actores involucrados cumplen acertadamente sus funciones. Luego, no culpemos ni miremos únicamente a las policías cuando algún eslabón de la cadena deja de funcionar.-
José Manuel Baquedano González
Pdte del Colegio de Abogados Provincia de Osorno
Publicado en Diario Austral de Osorno Mayo 2020
